Juntos por empleos justos 
y seguros

Como sobre una mesa de ofertas se apilan los jeans antes de que un operario los lleve a planchar. Cremallera, pretina, etiqueta… no falta nada. La última trabajadora en la fila realiza por milésima vez la misma operación. Más de 400.000 pantalones pasan aquí por mes de mesa de costura a mesa de costura. Sobre pausas y horas extras hablan los operarios solo en sus casas. Muy pocos saben si la fábrica es segura o no.

“Naturalmente realizamos regularmente simulacros de incendio”, dice el director de la fábrica en Gazipur, cerca de Daca, la capital de Bangladés, que cose vestimenta de la marca “Pimkie”, y muestra las vías de evacuación y las escaleras, en las que el metal fue sustituido por cemento resistente al calor. Además, no es posible cerrar las puertas de salida de emergencia. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo (BMZ), la Deut­sche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ha mejorado aquí la protección de edificios y contra incendios.

La fábrica está considerada modelo. Es una de muchas en las que la GIZ asesora también sobre cuestiones ambientales y sociales. No es ningún edificio ultramoderno como los que se construyen ahora en Asia, pero tampoco ningún frágil pabellón en ruinas, como el complejo Rana Plaza, que se derrumbó en abril de 2013, sepultando bajo los escombros a más de 1100 personas.

El desastre dejó al descubierto condi­ciones de trabajo indignas en la parte asiática de la cadena de producción en la industria de la confección. Con cuatro millones de operarios, Bangladés es después de China, el segundo mayor productor en ese sector. Desde abril de 2013 mucho ha mejorado políticamente y en el sector textil ­y de la confección, en Berlín, Ginebra y Daca… pero aún no lo suficiente.

Descubiertos serios déficits

En una escala de fábricas que van de alto riesgo a ejemplar, la de Gazipur se halla en uno de los segmentos superiores. El pabellón está bien aireado, ninguna cosedora trabaja apretujada entre cajas de cartón y rollos de tela. Todo se ve amplio y ordenado. No obstante, inspectores de “Accord”, un control técnico de edificios creados por 200 cadenas textiles, hallaron serios problemas: cajas de interruptores debajo de escaleras, combustible muy cerca de personas y material, una vía de evacuación bloqueada. Además, la separación del pabellón y las escaleras con puertas cortafuego es insuficiente. Las condiciones exigidas hace dos años por los inspectores no han sido cumplidas del todo. La fábrica está atrasada... como muchas otras. Las puertas cortafuego son caras y su falta es crónica. El estado de la fábrica de Gazipur demuestra que si bien la industria textil ha despertado, las irregularidades no pueden ser solucionadas tan rápido como muchos lo desean.

Las leyes nacionales no bastan

Uno de los impacientes es Gerd Müller, ­ministro federal de Cooperación para el Desarrollo. Cuando, como en octubre de 2015, visita Daca, se reúne con políticos que a menudo son también dueños de fábricas. “Las leyes nacionales solas de poco sirven, cuando, por ejemplo, para producir una camisa son necesarios 140 pasos de producción, desde el campo de algodón hasta la percha”, dice Müller. El ministro exige más medidas al sector. En Daca visitó la primera fábrica en adherirse a la Alianza para Textiles Sostenibles.

Junto con el Plan Nacional de Acción para la implementación de las Directrices de Derechos Humanos y para el Sector Empresarial de la ONU, la alianza es un importante componente del compromiso alemán. Luego de un difícil comienzo en 2014, ya la mitad del sector textil alemán forma parte de ella: fabricantes como Adidas, comerciantes como C&A. organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones patronales. Nunca antes existió una mesa redonda de actores relevantes de este tamaño. Y Alemania es el mayor mercado textil de Europa.

Todos los miembros se obligan a cumplir con estándares definidos conjuntamente. Actualmente elaboran hojas de ruta individuales en las que definirán en qué etapas aspiran a lograr objetivos sociales, ecológicos y económicos para cada uno de los niveles de la cadena de producción: salarios dignos, descontaminación del medio ambiente, compras correctas y mucho más. Se planea que hasta fines de 2016 quede fijado cómo las mejoras deben ser contraladas, medidas y publicadas. En las conversaciones a menudo se debate fuertemente. Aunque las negociaciones son secretas: un punto débil, dicen los críticos, que vieron cómo un acuerdo presentado en 2014 se redujo de 65 a 11 páginas. Para algunos, el acuerdo es demasiado laxo. En efecto, el Gobierno rebajó las condiciones para que participaran más empresas: cada una de ellas puede ahora definir sus propios objetivos y tiempos.

Otra cosa hubiera sido poco realista, dice la industria. Las cadenas de producción del sector textil son intricadas. Incluso una empresa como el Grupo Otto, que desde hace años tiene en el foco la protección del ser humano y el medio ambiente, está lejos aún de haber analizado todos los eslabones de la cadena. La transparencia es cara, dice la empresa de Hamburgo, que factura 10.000 millones de euros con la venta de productos textiles. ¿Para qué entonces todo el esfuerzo?

Alcanzar más juntos

“El encanto de la alianza reside en que concentra fuerzas que sumadas desatan más transformaciones de las que cada actor puede lograr solo”, dice Andreas Streubig, director de Gestión de Sostenibilidad del Grupo Otto. Como ejemplo menciona Accord. La alianza demuestra, agrega, que una acción concertada ejerce presión 
para que actúen el Gobierno, las asociaciones empresariales y los propietarios de ­fábricas. “Solo así pudieron lograrse cambios sustanciales”, subraya.

Streubig espera que la alianza textil tenga “perceptibles efectos sobre la forma en que realizamos negocios”. Para lograr un objetivo como el uso exclusivamente de algodón sostenible hasta 2020, el directorio debe decidir integrar nuevos mecanismos en las cadenas de proveedores, que las hagan “completamente transparentes y sobre todo controlables”. Luego será necesario definir la responsabilidad sobre los estándares de tal forma que cada nivel obligue al nivel precedente. Esa concatenación se llama “chain of custody”.

Que las casi cien firmas de la alianza pueden garantizar al final que sus productos provienen de trabajo humano digno es ­dudoso. “Una sostenibilidad del cien por cien es para mí una ilusión”, dice Streubig. “Será un gran desafío poder controlar en los próximos cinco años la senda de una camisa en todos los pasos de la cadena de producción de valor, desde el campo de algodón hasta el cliente, de tal forma que todo sea sostenible en el mejor sentido de la palabra”, agrega. Para Streubig es decisivo ya que las empresas se hayan abocado a la tarea de reducir consecuentemente las zonas grises.

Reducir las zonas grises: un objetivo también de los principales países industrializados. Desde la Cumbre del G7 bajo la presidencia alemana, en junio de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno están comprometidos a impulsar las cadenas de proveedores sostenibles y una mejor implementación de estándares laborales, sociales y ambientales, por ej. a través de Planes Nacionales de Acción. En su declaración final, los participantes en la cumbre llamaron al sector privado a “cumplir con su obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos”. En la senda hacia estándares justos en las cadenas globales de proveedores, Alemania es precursora, dijo Gerd Müller en la conferencia de seguimiento de los ministros de Trabajo y Desarrollo del G7 en Berlín. Que las condiciones de trabajo se hayan transformado en tema del G7 y ahora también de los países emergentes es ya muy relevante, dice Frank Zach, experto en Asia de la Federación Alemana de Sindicatos. “La problemática de las cadenas de proveedores no había sido tratada nunca antes”, agrega. Ahora, las buenas intenciones deben ser implementadas. A ello está destinado, entre otros, el planeado “Fondo Visión Cero”.

La cultura de la protección laboral

La idea del fondo se basa en que la cultura laboral debe surgir de las propias empresas. Ya en 2016 serán apoyados los primeros proyectos en la industria textil y de la confección, organizados conjuntamente por el Estado, las patronales y los sindicatos: serán creadas comisiones de seguridad laboral y cooperativas para la prevención de accidentes. El fondo, financiado por Gobiernos y empresas, será administrado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta se dirige ya desde hace algún tiempo con el programa “Better Work” a los políticos de Bangladés, para que tomen más en serio la protección laboral.

En Bangladés, Alemania ayuda a través de la GIZ a formar más inspectores estatales, pues aún hay plazas vacantes. Gran Bretaña, Canadá y los Países Bajos han financiado ya una primera ronda de inspecciones a través de la OIT: hoy se abren paso no 20, sino casi 300 técnicos estatales con sus motocicletas por el denso tráfico de Daca. Metro a metro, fábrica tras fábrica, inspección tras inspección.

Pero los efectos para la seguridad de los edificios son aún limitados. La OIT constató hace poco sobriamente con respecto a Bangladés: “El desafío de crear una cultura de lugares de trabajo seguros y sanos en el sector textil y de la confección e implementarla a través de técnicos formados es grande”. ▪